En febrero del 2005, la RIAA demandó a una madre soltera y discapacitada llamada Tanya Andersen por compartir música mediante el programa P2P KaZaA, muy popular por aquellos días. ¿Un caso más? No exactamente: la inculpada, lejos de amilanarse, no sólo negó los cargos que se le imputaban sino que además contraatacó y acusó a la industria discográfica por extorsión, fraude y prácticas comerciales engañosas.
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