La Comisión de Derechos Humanos de la ONU recomendó a la periodista mexicana Lydia Cacho salir del país para evitar nuevas violaciones a sus garantías individuales por haber denunciado una red de pederastas y de pornografía infantil protegida por empresarios y políticos. La periodista fue detenida en diciembre de 2005 en Cancún por agentes del estado de Puebla, quienes la trasladaron encapuchada y bajo presiones y amenazas de muerte a esa ciudad para enfrentar una acusación de difamación. A raíz del escándalo que se generó por el contubernio del gobernador Mario Marín, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una investigación y determinó que no hubo violaciones graves a los derechos humanos de la periodista.
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